En políticas públicas el Perú se halla a la zaga en América Latina respecto a pensar y actuar sobre el desarrollo de sus regiones y localidades, porque ha sido de los países más fuertemente preñado por el neoliberalismo y porque los peruanos casi siempre queremos ser más papistas que el Papa.
Varios razonamientos e imágenes quedan claros desde ya en este conflicto de prepotencia estatal contra las comunidades nativas de la selva peruana que viven acorraladas en economías de pequeño alcance con escasísimas oportunidades y difíciles condiciones de vida, marginadas de las políticas públicas, aunque con una cultura muy rica y formidable sobre el bosque tropical. Entre estas ideas queda claro el carácter avasallador de las empresas transnacionales contra el medio ambiente amazónico, así como el incumplimiento del gobierno respecto al Convenio 169 de la OIT que el Congreso aprobó y, también por supuesto, queda claro que no existe la sensibilidad gubernamental para atender este sentimiento mayoritario de las poblaciones y comunidades implicadas.
Sin embargo, no se ha hecho mucho hincapié en dos temas. En primer lugar, sobre el tipo de comportamiento económico regional de las compañías transnacionales petroleras, mineras y agro-extractivas, que es un comportamiento similar al de los enclaves tradicionales, que actúan como islotes tecnológicos dedicados a extraer el recurso natural, pre-procesarlo en el mejor de los casos, y dedican sus excedentes a alimentar financieramente a sus casas matrices, sin irradiar desarrollo alguno a su alrededor, más allá de la contaminación y el atropello a los derechos humanos, quedando rodeados de océanos regionales de pobreza, marginación y exclusión, frecuentemente sostenidas a costa de represión.
Los impuestos que se les exige pagar en el caso peruano son una verdadera desdicha. El argumento justificante señala que los capitales acuden a donde mejores condiciones se les presentan, lo cual es cierto. Pero ¿de qué sirve un mayor nivel de inversión y cierto empleo si es que las zonas en donde actúan se empobrecen más, quedan contaminadas y sin el recurso natural (que antes era un bien inexplotado pero finalmente riqueza en reserva). Ni siquiera se produce una transferencia de capacidades y habilidades tecnológicas por el blindaje con que se manejan estos procesos y/o por la ausencia de una política de Estado nacional con estos objetivos. Estas inversiones tampoco son acompañadas de un abanico de posibilidades y proyectos de agroindustrias locales con perspectivas y mayores alcances, como se hace en países desarrollados. Es decir, son enclaves.
En segundo lugar, desde las exigencias que plantea el desarrollo, el principal daño es el que ocasiona la política de prepotencia y arbitrariedad (racista y exclusionista, finalmente) al socavar el accionar de defensa de las riquezas del territorio de parte de uno de los principales sujetos participantes en los procesos de desarrollo local, como son las organizaciones sociales, reduciendo las posibilidades de este tipo de desarrollo. La comisión implícita que han asumido las políticas anti‑desarrollo (el neoliberalismo entre ellas) es desbaratar las iniciativas de desarrollo local, especialmente aquellas que representen potestad democrática de base. Para estas concepciones, en América Latina, es la gran empresa el único sujeto capaz de generar desarrollo, o en el peor de los casos, la gran empresa subordinando el accionar de los demás actores locales.
Poniendo en perspectiva lo anterior, es preciso señalar que entre otras concepciones nuevas y alternativas sobre el desarrollo, discrepantes de fondo con el neoliberalismo, tomaron impulso −desde principios de los años 1990 e inspiradas en experiencias exitosas− diversas versiones de lo que se ha llamado desarrollo local (o desarrollo basado en el territorio), entendiendo el concepto de territorio como el espacio social donde lo que importa en primer lugar son los sujetos locales (organizaciones sociales, empresas, gobiernos locales, partidos, iglesias, individuos, etc.) y sus interrelaciones portadoras de impulsos culturales, redes productivas y sociales capaces de transformar sus territorios en todos sus aspectos y de provocar un mejoramiento sustentable de las condiciones de vida locales, incluyendo el despliegue de la democracia local y regional, así como la reafirmación de sus pobladores como ciudadanos. Todo esto como procesos simultáneos que se apoyan mutuamente. Así, interesará la inversión pero por igual −o más− interesará que se fortalezcan en el mismo proceso los sujetos locales y su actuación colaborativa, como condición de desarrollo. Todo proceso de inversión que no logre articularse a la localidad y a su tejido socio‑productivo y cultural, y por tanto, a los sujetos claves y al capital social, terminará siendo regresivo. De igual manera, será infinitamente más valioso un proyecto con ciertas deficiencias pero elaborado por las propias comunidades nativas, con el apoyo de asesores o no, que uno impuesto desde las burocracias de gobierno.
Esto pasa incuestionablemente por algo elemental, que es, el respeto a las iniciativas locales de crecimiento, de conservación, de mejoramiento, y de crecimiento y desarrollo de las localidades. Obviamente tiene que ver con la defensa irrestricta de los sujetos portadores de estas iniciativas y de la cultura local que les sirve de base y los define, aún si sus primeras iniciativas puedan tener diversas carencias. Esto no debe llevar a entender que la política debe ser la aceptación seguidista (populista) de estas iniciativas, sino que debe provenir de la maduración dialógica de un proceso de construcción entre todos los saberes (popular local y académico universal) en uno consensuado, pero que se erija en el respeto de las iniciativas locales y las trate de llevar −si fuese necesario− más allá de sus propias y naturales condicionantes.
En esta idea del desarrollo, los espacios sociales y políticos locales de negociación son esenciales para que las genuinas protestas, discrepancias o críticas, encuentren los causes naturales para convertirse en energía social de desarrollo originario, en empresarialidad (comunitaria y/o privada) y especialmente en construcción de ciudadanía y democracia locales, que se arraiguen institucionalmente. En el caso actual, lo que las organizaciones de nuestra Amazonía piden es lo que en todo el mundo se reconoce como un derecho elemental de los pueblos: ser consultados y tenidos en cuenta como sujetos centrales del desarrollo. Esta sería la única forma de edificar sujetos reales fuertes y altamente críticos‑propositivos si es que estamos hablando realmente de generar condiciones para el desarrollo y la democracia local. Desde el neoliberalismo, el objetivo es obstruir la creación de condiciones básicas para un desarrollo de la Amazonía y estimular el caos, la disipación de energías locales y la frustración.
Estas nuevas concepciones de desarrollo, se fundan en el papel participativo de los sujetos sociales locales que actúan desplegando iniciativas, que son promisorios de desarrollo, si se las respeta, alienta, sostiene y combina con otros saberes. Pero también, si una buena parte de los recursos generados por estas grandes inversiones retornan para apuntalar el desarrollo de proyectos productivos, educacionales, sociales, de salud, que generen nuevas oportunidades locales. En esta perspectiva, el Estado debe ser un promotor y regulador de engranamientos productivo entre empresas (grandes y medianas nacionales o transnacionales) con empresarios locales/regionales privados y/o comunales. Estamos hablando de desarrollo local (descentralista) con un fuerte apoyo del Estado central, es decir, no desde la óptica neoliberal, donde cada localidad debe vérselas como pueda.
Una de las principales substancias de la democracia es la consulta al pueblo y las comunidades amazónicas así la exigen. No existe ni democracia ni desarrollo de ninguna clase impuestos desde afuera, o a punta de prepotencia. Todas las experiencias de este tipo finalmente se han retrotraído y degenerado. El drama peruano actual es la ausencia de un bloque de fuerzas políticas de izquierda, y centro izquierda incluso, que tenga la capacidad de expresar convergentemente estos genuinos intereses y darles un cauce de desarrollo. Somos un país que no encuentra todavía cómo traducir su profundo descontento, e ir más allá de éste, para desarrollarse y superar las convulsiones fascistoides.
